En 2019, tras detectar en puertos europeos en solo dos meses y en hasta siete partidas importadas de cítricos tunecinos la presencia de mancha negra (Citrus Black Spot, CBS o Phyllosticta citricarpa), sus autoridades confirmaron por primera vez la presencia de esta enfermedad en el noreste del país, en la gobernación de Nabeul y se declaró oficialmente un área infectada de 2.000 hectáreas. Aquello ya fue un hito mayúsculo pues era la primera vez que este patógeno –considerado el hongo más peligroso de la citricultura y cuyo combate está regulado en la UE como "prioritario"– se localizaba en un país mediterráneo, la primera vez que se identificaba en una zona productiva tan cálida como la española. Ratificar tal cosa desmentía décadas de trabajos y esfuerzos por parte de Sudáfrica negando que el CBS pudiera adaptarse a unas condiciones de temperatura y régimen de lluvias como las de España.
El artículo científico recientemente publicado en la revista Journal of Phytopathology, titulado "Distribución geográfica, prevalencia e incidencia de la mancha negra de los cítricos causada por Phyllosticta citricarpa en Túnez", alerta de que, menos de un lustro después de aquella detección, la enfermedad está ya totalmente extendida en las áreas citrícolas de este país, no sólo en Nabeul sino también en Sousse. Este nuevo trabajo se conoce en el momento más oportuno, justo después de que el Gobierno de Sudáfrica llamara a consultas en la Organización Mundial del Comercio (OMC) a la Comisión Europea (CE) para cuestionar la normativa comunitaria que pretende evitar que las importaciones de cítricos procedentes de países como Sudáfrica puedan estar contaminadas por este hongo. A juicio de la presidenta del Comité de Gestión de Cítricos (CGC), Inmaculada Sanfeliu, este nuevo estudio "evidencia la necesidad de mantener e incluso reforzar estas medidas de control –basadas en tratamientos fungicidas e inspecciones en origen–, así como la falta de credibilidad científica de los exportadores de este país y de sus autoridades".
En este último artículo, como todos los anteriores realizados desde otras zonas del planeta afectadas, se confirma –además– que no existe ningún caso exitoso de erradicación de la mancha negra tras su introducción. En todos estos países, son necesarios entre 4 y 6 tratamientos fungicidas al año para obtener un control aceptable de la enfermedad, algo que en el caso de la UE –con las restricciones fitosanitarias actuales más las derivadas de la "Estrategia de la Granja a la Mesa"– sería un objetivo casi imposible. El estudio tunecino pone el acento, de hecho, en que en las parcelas donde no se ha tratado con fungicidas, los daños se elevan casi al 100% de la cosecha. El récord de interceptaciones en recintos portuarios europeos registrado en los últimos tres años –que la CE ha confirmado que en 2023 se elevaron a 48, a 32 en 2022 y a 43 en 2021– ratificaría, a su vez, que "el problema no es la normativa, es su incumplimiento reiterado, que lo único que pretende Sudáfrica con su acción ante la OMC es evitar que la CE les exija recurrir a los fungicidas eficaces (y más caros) que ya deberían estar usando o que los envíos a la UE se realicen solo desde zonas exentas –como ya les exige EE. UU.– o incluso retrasar una posible decisión sobre un cierre automático cuando los problemas vuelvan a repetirse esta próxima campaña", señala a este respecto Sanfeliu.
El IVIA ya acreditó en un trabajo la idoneidad climática de la cuenca mediterránea para el desarrollo del hongo, y que no existe ningún caso de erradicación tras su introducción. En todos estos países, son necesarios entre 4 y 6 tratamientos fungicidas al año para un control aceptable de la enfermedad, algo casi imposible en la UE. El estudio tunecino subraya que en las parcelas no tratadas los daños ascienden casi al 100% de la cosecha. El récord de interceptaciones en el último trienio ratifica que "el problema no es la normativa, es su incumplimiento reiterado, que lo único que pretende Sudáfrica con su acción ante la OMC es evitar que la CE les exija recurrir a los fungicidas eficaces (y más caros) que ya deberían estar usando o que los envíos a la UE se realicen solo desde zonas exentas –como ya les exige EE. UU.– o incluso retrasar una posible decisión sobre un cierre automático cuando los problemas vuelvan a repetirse esta próxima campaña", señala Sanfeliu.
De la gravedad de la afección del CBS da una idea la carta que, hace tan solo unas semanas, dirigió la propia CE a las autoridades sudafricanas en su contestación a la llamada a consultas en el citado organismo internacional. Efectivamente, en este escrito el ejecutivo comunitario reseñó que el impacto económico resultante de la hipotética instalación del CBS en las zonas citrícolas comunitarias ascendería –según los estudios de la EFSA– a 1.182 millones de euros. Sanfeliu se pregunta a este respecto: "¿Se hablará ahora en la Organización Mundial de Cítricos del riesgo para la citricultura mediterránea evidenciado en este estudio? ¿Y para la producción de limón español, única producción española integrada en dicha organización y copromotora de la misma junto a Sudáfrica?".
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