La pasada semana, el Gobierno de Sudáfrica publicó un nuevo proyecto de ley de expropiación para sustituir al de 1975, de la era apartheid. El nuevo proyecto de ley da cabida a la expropiación al servicio de la reforma agraria; hasta ahora, la tierra solo se expropiaba para fines de transporte o desarrollo de obras públicas, y presenta la opción de expropiación sin compensación.
El proyecto de ley afirma que puede ser "justo y equitativo que no se pague ninguna compensación" cuando la tierra se expropia en interés público, en casos donde la tierra no se usa para generar ingresos o desarrollarse, en los que la tierra haya sido abandonada, entre otros supuestos.
La ausencia de políticas de compensación enturbia la situación
Los analistas de asuntos de tierras han señalado que la nueva legislación pone mucho poder en las manos del sistema judicial, en lugar de únicamente en el ministro.
En ausencia de una política de expropiación clara, en el estado actual de la legislación, los tribunales decidirán sobre la compensación o no, caso por caso, lo cual, probablemente, alargará un proceso ya lento. En consecuencia, hay mucha incertidumbre sobre el enfoque que el Gobierno tiene de la compensación.
Un comité asesor presidencial el año pasado hizo recomendaciones al Gobierno sobre la reforma agraria, entre ellas, la proposición de que las tierras estatales más fáciles se emplearan para la reforma agraria.
Muchas más tierras sobre la mesa
A comienzos de mes, el Ministerio de Agricultura y Reforma Agraria anunció que el estado presentaría públicamente cerca de 900 fincas, equivalentes a 700.000 hectáreas de tierras estatales para su uso agrícola.
La cantidad de tierra transferida a los propietarios negros había caído por debajo de las 100.000 hectáreas anuales en los últimos años.
"Lo que no tenemos es información clara sobre qué tierras son y dónde están", dijo en una entrevista de radio Ruth Hall, destacada analista de reforma agraria de la Universidad del Cabo Occidental. Señaló que en la lista se incluyen tierras de siete de las nueve provincias, pero que dos tercios se situaban en Limpopo y en el Noroeste. Postulaba que esto podría estar relacionado con las antiguas tierras natales y tierras adyacentes, las antiguas fincas blancas adquiridas en los 70 pero, en realidad, nunca incorporadas a las tierras natales.
Y añadió: "Veinticinco años de democracia y el Gobierno de pronto encuentra 700.000 hectáreas de tierras disponibles; no es que anteriormente no se supiera de estas tierras".
Esto plantea la cuestión de los actuales ocupantes de las tierras.
Hay voces fuertes que apuestan por hacer público y transparente el proceso de solicitud. Habrá un comité de recomendación nacional para decidir sobre las solicitudes.
De forma simultánea pero independiente del proceso del proyecto de ley de expropiación, se está debatiendo en el Parlamento, donde los partidos políticos CNA y EFF están presionando para la enmienda de la sección 25 de la Constitución, la cláusula de propiedad. Hay un comité parlamentario estudiándolo.
El presidente sudafricano busca el apaciguamiento
Cyril Ramaphosa, el presidente del Estado, ha publicado un comunicado sobre el reciente asesinato de un joven granjero, el último ataque agrario y catalizador del reciente incidente en la audiencia para la fijación de fianzas de los sospechosos.
Afirma que la indignación por el asesinato está completamente justificada y reconoce el valor de la comunidad agraria de Sudáfrica, que es, dice, una parte integral de la economía.
"La comunidad agraria produce los alimentos que comemos. Los crímenes violentos en las granjas no solo suponen una amenaza para la seguridad de nuestras comunidades rurales, sino para la seguridad alimentaria de nuestra nación".
Señala que los sudafricanos deberían estar profundamente afectados por las muertes violentas de muchos otros sudafricanos cada año, como en el reciente asesinato en una granja del Estado Libre.
Hace referencia también al miedo que se ha apoderado de algunos. "A diferencia de lo que afirman irresponsablemente algunos grupos de presión, los asesinatos en las granjas no son una limpieza étnica. No es un genocidio. Son actos criminales y deben ser tratados como tales".