El pasado viernes 11 de junio el Bundestag, el parlamento alemán, aprobó la Ley de Diligencia Debida y Cadena de Suministro, Lieferkettengesetzes por su nombre en Alemán. La ley, aprobada in extremis, en la penúltima sesión parlamentaria antes de las elecciones, busca garantizar el correcto cumplimiento de los derechos humanos en la cadena de suministro de productos que se comercialicen en Alemania.
De este modo, Alemania se convierte en el tercer país de los 27 de la Unión Europea, tras Francia y Países Bajos, en contar con una ley de este tipo. La ley, que entrará en vigor en 2023, afectará a todas las empresas con sede en Alemania de más de 3.000 trabajadores y a sus proveedores directos. Esto implica a los principales supermercados que compran miles toneladas de banano latinoamericano que se venden en estantes a precios muy competitivos.
El banano es la fruta más consumida en Europa; sin embargo, apenas un 10% se produce en la UE. El 75% se importa de Latinoamérica, siendo el Ecuador el principal exportador mundial de esta fruta.
Por ello, esta ley es de severa importancia para el sector. Cómo se comporten retailers alemanes, a su vez fiscalizados por la Oficina Federal de Economía y Control de las Exportaciones (BAFA, por sus siglas en alemán), es crucial, ya que puede introducir nuevas cláusulas en los contratos, nuevas certificaciones o medidas de control. Asimismo, será necesario estudiar si los posibles incrementos de costes se distribuyen y comparten entre todos los agentes cadena.
Para entender la importancia de la implementación de la ley el Clúster Bananero del Ecuador organizó el evento online “Towards a Fair Banana - Shared responsibility between producers and retailers” para que productores, legisladores, representantes públicos y miembros de la sociedad civil explicasen su postura.
José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de AEBE, defendió la necesidad de desarrollar un esquema de responsabilidad compartida que distribuya los costes de manera equitativa entre todos los agentes de la cadena de valor, desde los productores, hasta los consumidores. Daniel May, representante de la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional, comparte la misma postura pero apuntando a un compromiso por parte de todos los actores.
La distribución de los costes es algo que preocupa de igual manera a los productores europeos, no solo a los latinoamericanos, y la capacidad de actuación de los gobiernos se ve muchas veces limitada por las reglas de competencia o antitrust. En ese sentido, Isabel Albornoz, encargada de negocios para la Embajada de Ecuador ante Bélgica, Luxemburgo y la Unión Europea, realizó una intervención recalcando las iniciativas del Ecuador en materia de diligencia debida y defensa de los productores.
“Ecuador es el único país del mundo que refleja un salario digno superior al salario mínimo para los trabajadores bananeros, y lo contempla en su Constitución de 2008”, manifestó.
En el evento, también se pudo ver un debate político entre dos miembros del Bundestag. Estos fueron Uwe Kekeritz, representante del partido verde Die Grünen, que votó a favor de la ley, y Alexander Kulitz, representante del partido liberal Freie Demokratische Partei, quienes votaron en contra.
Durante su intervención, Uwe Kekeritz indicó que la intención y objetivo de la ley es correcto pero que en su opinión debería ir un paso más lejos y ser más ambiciosa. Asimismo, aunque la ley no hable de precios espera que empodere los ingresos de los productores ecuatorianos.
“Aunque esta ley no hable de precios hay que tener mucho cuidado, porque supondrá un aumento de los costos. Hay que evitar que vaya en contra de los productores de Ecuador y transmitirlo al precio de venta”, señaló Uwe en su intervención.
Sin embargo, Alexander Kulitz no es tan optimista y teme que los supermercados refuercen aún más su posición de poder. Así, Kulitz afirmó: “Las grandes compañías transferirán el trabajo y burocracia a los pequeños y medianos productores del Ecuador”.
Otro punto llevado al debate fueron las certificaciones que exigen los supermercados a los bananos para venderlos en sus estanterías. Peter Möhringer, de Fairtrade Alemania, manifestó que certificar cuestiones de diligencia debida aumentaría los costes y, en opinión de su asociación deberían considerarse al hablar de costes de producción. “El cálculo de los costes debe incluir el coste de cumplir con la normativa de diligencia debida”.
Finalmente, el debate terminó indicando que esta ley no será la única que se desarrolle entre los países de la UE. Pues, aunque Alemania sea el tercer país en desarrollar una normativa de este tipo, la Comisión Europea, máximo órgano de gobierno en la Unión, prevé desarrollar una normativa única que los Estados miembros tengan que implementar en sus legislaciones nacionales los próximos años.
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