Este jueves, Lima amaneció con 14.000 policías y militares desplegados en sus principales vías en respuesta al inicio de una huelga de tres días anunciada por el gremio de transportistas. Esta acción marca la segunda gran medida de fuerza del sector, tras un paro a finales de septiembre debido a una serie de atentados y extorsiones. A pesar de que las empresas formales de transporte declararon que continuarían operando, la presencia de buses en Lima y Callao fue notablemente baja, complicando el traslado de miles de ciudadanos a sus lugares de trabajo. El alto grado de informalidad en el sector, donde el 86.82% de los vehículos pertenecen a terceros y no a empresas autorizadas, agrava la situación.
La huelga llevó a la suspensión de clases en colegios y universidades, optando algunas por modalidades de enseñanza virtual. El Seguro Social de Salud también tuvo que reprogramar citas médicas. El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, intentó minimizar el impacto de la huelga asegurando que la ciudad mantenía la calma y no se habían registrado actos de vandalismo. Sin embargo, se reportaron quema de llantas e incidentes donde huelguistas impidieron el paso de vehículos de transporte público, con el resultado de la detención de 13 personas.
La medida de fuerza generó el cierre de importantes centros comerciales y mercados, como Gamarra y Unicachi, debido principalmente al temor a desmanes. El ministro de Transporte, Raúl Pérez Reyes, hizo un llamado a los comerciantes para que reanudaran sus actividades, asegurando que la ciudad estaba segura y que los incidentes menores ya habían sido resueltos.
En paralelo, miles de personas marcharon hacia el Congreso para exigir la derogación de una nueva ley de crimen organizado que, según críticos, podría ser utilizada para criminalizar la protesta social. El gobierno de Dina Boluarte ha propuesto una ley que incluye el delito de "terrorismo urbano", con penas de hasta 35 años de cárcel para quienes cometan extorsión y sicariato, una medida que ha generado controversia entre la oposición y analistas.
Fuente: elpais.com