Desde el pasado 3 de octubre la parte social —UGT y CCOO— y la empresarial (Comité de Gestión de Cítricos, CGC —que ostenta la mayor representación— y la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de la CV) se han reunido cuatro veces para pactar el Convenio Colectivo de Manipulado y Envasado de Cítricos. Este acuerdo es el que debe regular las condiciones laborales de más de 55.000 trabajadores en la Comunidad Valenciana, pero su repercusión afecta al conjunto del sector, pues no en vano, desde esta región se confeccionan y se expiden el 70% de los cítricos en fresco de todo el país.
"Tras suspender la parte social hasta dos citas, en este tiempo hemos sufrido el mayor desastre natural del presente siglo, con daños humanos y materiales incalculables derivados de la DANA del 29 de octubre, a lo que cabría añadir hasta tres semanas en los que las lluvias han paralizado la recolección y comercialización. Y tras solo cuatro encuentros ya se ha anunciado un huelga para primeros de diciembre, el mes donde nos jugamos el devenir de toda la campaña. Los sindicatos no quieren negociar, han demostrado que quieren aprovecharse de las circunstancias y debilidades del conjunto del sector", señala a este respecto la presidenta del CGC, Inmaculada Sanfeliu. La principal reivindicación del comercio privado ha sido rechazada: los almacenes necesitan trabajar los sábados y algunos festivos, respetando siempre los prescriptivos descansos y la jornada semanal de 40 horas, para así preservar el servicio, que es su principal arma competitiva para hacer frente a la oferta más barata de Egipto, Marruecos y, en momentos puntuales de solapamiento en contraestación, de Sudáfrica.
Las negociaciones mantenidas hasta el momento han sido no rápidas, fulgurantes: el jueves, 3 de octubre, la parte social presentó su plataforma; el lunes, 21 del mismo mes lo hizo la patronal y a petición sindical pero de manera consensuada se suspendieron —por la imposibilidad de acudir la parte social— las dos citas programadas para el 28 y el 4 de noviembre; y tras el desastre de la DANA, la parte empresarial y dadas las complicadísimas circunstancias, ofreció el 11 de noviembre llegar a un acuerdo rápido, dejando de lado las pretensiones de ambas plataformas y centrándose en un incremento salarial para cada uno de los cuatro años de duración del convenio y las necesarias medidas en beneficio de la flexibilidad (trabajar en sábados y festivos). El pasado lunes, finalmente y tras consultarlo a sus bases, los representantes de los trabajadores rechazaron tal vía, exigieron retomar las conversaciones a partir de su tabla reivindicativa y dieron un ultimátum seguido de un comunicado advirtiendo de la referida huelga.
En ese mes de diciembre se concentra la mayor parte de la comercialización de las dos variedades mayoritarias del país —la naranja Navelina y la clementina de Nules— y es clave para preparar la campaña de Navidad, lo que equivale a decir que es clave en el devenir de toda la temporada. Los exportadores afrontan, además, este año, y tras tres semanas de práctica parálisis por las lluvias, la difícil coyuntura de sacar adelante cientos de miles de toneladas sin espera posible para ser recolectadas, manipuladas y enviadas a una gran distribución de la UE que adquiere el 85% del producto español comercializado en fresco (un 93% si contabilizamos el consumo de Reino Unido). "Hacer una huelga en esas fechas es irresponsable porque supondrá perder una importante parte de nuestra producción y poner en bandeja el suministro a nuestros competidores —Marruecos en clementinas/mandarinas y Egipto en naranjas— con costes laborales y de producción hasta diez veces más bajos que los nuestros".
De ahí la importancia de que los sindicatos revisen su no a la flexibilidad reclamada. "El sector citrícola español solo puede diferenciarse por 'servicio'. El servicio nos puede hacer imprescindibles o, en su defecto, absolutamente prescindibles. El consumidor europeo compra en fin de semana y necesitamos trabajar en fin de semana, al igual que tantos y tantos otros sectores", insiste Sanfeliu.
Hasta el momento, en lo único que se ha avanzado ha sido en la discusión sobre las remuneraciones propuestas en función de la clasificación profesional de los trabajadores, para la que la parte social no llevó a la mesa una propuesta concreta. Tal cosa no impidió que los sindicatos rechazaran todas las modificaciones propuestas por el CGC en este punto, es más, acabaron por solicitar unos incrementos de salario para determinadas categorías que suponen desde un 69%, el puesto con mayor subida, a un 38, 29, 24 o 14% para otros puestos. Adicionalmente a esta mejora para determinadas categorías, los sindicatos han reclamado una subida el primer año del 11% del salario para todos los trabajadores y un 3% en los dos años sucesivos, con cláusula de revisión salarial si el IPC superase estas cifras, además del pago de otro 3% adicional por turnicidad. Junto a ello, reclaman que las horas estructurales —que actualmente se abonan con un recargo del 15% sobre el salario ordinario y que se refieren a todas las horas extra que se puedan hacer de lunes a sábado por la mañana— desaparezcan, pasando a pagarse con un recargo del 25%.
Tales planteamientos son considerados inasumibles por el CGC. Según los cálculos realizados, el conjunto de estos incrementos supondrían, para la especialidad en la que mayor mejora reclaman, que el salario de una hora estructural se encarecería un 217% y que las especialidades con una mejora menor lo hicieran en un 31% y en un 93% y en un 14%, respectivamente, en el caso de la hora ordinaria. "Si tras cubrir los descansos legalmente establecidos, los almacenes no pueden tampoco trabajar los sábados y festivos, es imposible asumir tales incrementos. No es que lo decidamos nosotros, es la gran distribución europea la que lo exige: o estamos dentro o nos quedamos fuera. Si no lo hacemos nosotros, lo harán otros", remarca Sanfeliu.
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CGC
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