En la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, reunida este lunes, la Comisión Europea expuso que sigue analizando las dos sentencias del Tribunal de Justicia de la UE relativas al Sáhara del 4 de octubre, la que anulaba parte del acuerdo agrícola de la UE con Marruecos, en concreto la la parte relativa a la ampliación a las producciones del Sahara Occidental de las concesiones otorgadas a Marruecos, y la relativa al etiquetado de las producciones procedentes el Sahara, sin que informara en dicha reunión qué acciones se van a adoptar para dar cumplimiento a ambas sentencias.
El jefe de la unidad de Vino, Alcohol y Productos Hortícolas, Mauro Pionelli, que intervino en la Comisión de Agricultura del PE en nombre de la Dirección General de Agricultura, reiteró que la Comisión está evaluando internamente todos los elementos de los fallos para cumplir con la decisión judicial. En este sentido y ante las peticiones de los europarlamentarios y de parte del sector comunitario de modificar el acuerdo con Marruecos, explicó que lo único cuestionado por el TJUE es la extensión de las preferencias arancelarias al Sáhara Occidental, no el acuerdo de asociación con Marruecos en sí. La preferencia arancelaria extendida al Sáhara no fue considerada válida por el Tribunal, pero no afecta al acuerdo con Marruecos en su totalidad, según explicó el responsable de la Comisión Europea, de lo que se deduce, según FEPEX, que la Comisión no tiene intención de modificar el Acuerdo de Asociación con Marruecos.
Los europarlamentarios participantes en la Comisión de Agricultura expusieron la importancia de aplicar las sentencias del TJUE, destacando la intervención de la eurodiputada española Carmen Crespo, quien explicó las consecuencias negativas que las concesiones agrícolas a Marruecos están teniendo para las producciones comunitarias. Recordó que, al firmarse el primer acuerdo de asociación con Marruecos, en algunos productos las importaciones se multiplicaron por cuatro. A modo de ejemplo, mencionó que Marruecos es ahora el principal proveedor de frutos rojos, y que, en el caso del tomate, el 73,7% del valor de las importaciones de tomates no comunitarios proviene de Marruecos. Crespo indicó que los agricultores no confían en que los acuerdos se estén cumpliendo de manera estricta, ya que consideran que el control de las importaciones no ha sido el adecuado.
El eurodiputado francés del grupo socialista, Eric Sargiacomo, planteó, con relación a la sentencia que obliga a que las producciones del Sahara sean etiquetadas mencionando ese origen, que la Comisión debe aclarar cómo se va a realizar el control aduanero en la UE y expuso además la necesidad de reforma el régimen de precios de entrada del tomate procedente de Marruecos que no se está respetando.
Los europarlamentarios del grupo de los Verdes, el alemán Martin Hausling y la italiana Cristina Guarda, expusieron también que el fallo del Tribunal de Justicia es claro, y consideran que el acuerdo con Marruecos debe renegociarse, a la vez que pidieron medidas de seguimiento con relación a las importaciones para asegurase que cumplen los requisitos.
Los eurodiputados del grupo Patriotas por Europa, la española Mireia Borrás Pabón y el francés Gilles Pennelle, destacaron que las producciones marroquíes no cumplen las mismas condiciones que las comunitarias, lo que genera competencia desleal.
En la reunión también intervino el parlamentario del grupo de la Izquierda del Parlamento Europeo, the Left, Luke Ming Flanagan, quien destacó la importancia de hacer un seguimiento estricto de lo que se está haciendo con relación al acuerdo de Marruecos, mientras que el checo Ivan David, del grupo de la Europa de las Naciones Soberanas (ESN), destacó la necesidad de aplicar enfoques más equilibrados en la política comercial para no perjudicar a los productores comunitarios.
Para FEPEX, la aplicación estricta de la sentencia del TJUE debe suponer que, en el plazo de un año, las producciones hortofrutícolas del Sahara occidental, que constituyen una parte creciente de las exportaciones marroquíes a la UE, quedarán excluidas de las ventajas arancelarias concedidas a Marruecos, lo que contribuirá a la sostenibilidad económica y social de los productores comunitarios.
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