El informe de avances del Marco de Actuaciones para Doñana, revisado en diciembre de 2024, enfatiza la necesidad de recuperar el nivel freático de las aguas subterráneas para preservar el ecosistema de Doñana. Esta recuperación depende de la reducción de la demanda de agua para agricultura, además de mitigar el impacto del cambio climático.
Un total de 1.197 pozos han sido clausurados en el entorno de Doñana desde el año 2019, de los cuales 475 eran legales, tratándose el resto de captaciones ilegales con la consiguiente detracción de agua que estos suponen para el acuífero que surte de agua al espacio natural.
De las 722 captaciones ilegales identificadas, 294 han sido selladas, con 162 clausuras voluntarias y 132 ejecutadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Además, se encuentra en proceso el sellado de otras 205 captaciones.
El documento también señala la implantación de medidas cautelares, como el precintado de tomas de agua en procedimientos sancionadores, para prevenir la derivación ilegal de aguas. Hasta diciembre de 2024, se han precintado cautelarmente 55 tomas, y se han adoptado 19 medidas provisionales que afectan a invernaderos en 283 hectáreas, donde no se pudo verificar la procedencia del agua de riego, requiriendo como medida abstenerse de regar.
Se ha procedido al cierre de pozos "legales" asociados a la concesión de aguas trasvasadas para la Comunidad de Regantes de El Fresno-Guadalquivir. En total, se han clausurado 450 captaciones en la zona, incluyendo 82 pozos de los cuales no se tenía constancia previa.
El informe refleja una disminución leve pero constante en la superficie destinada a cultivos bajo plástico, pasando de casi 6.000 hectáreas en la primavera de 2017 a 5.496 hectáreas en la actualidad. De estas, 700 hectáreas se encuentran fuera del área regable permitida, lo que implica una presunción de ilegalidad, aunque algunas poseen derechos de agua legalmente reconocidos, motivando las inspecciones de la CHG.
Fuente: efeagro.com