El Parque Nacional de Doñana, un enclave de biodiversidad en Europa, se ve amenazada por los pozos ilegales de agua. Estos pozos, utilizados principalmente para cultivos intensivos de frutos rojos como fresas, arándanos y frambuesas, impactan negativamente en el ecosistema del parque. Se estima que alrededor de 1.180 hectáreas de cultivos ilegales en Huelva consumen aproximadamente 6 millones de metros cúbicos de agua anualmente.
Organizaciones como WWF han manifestado su preocupación y trabajan para detener esta práctica, que pone en riesgo a especies en peligro de extinción como el águila imperial ibérica y el lince ibérico. La Fiscalía ha intensificado sus esfuerzos para combatir este delito, llevando a juicio a los empresarios implicados. Recientemente, fiscales de Sevilla, Cádiz y Huelva, coordinados por Antonio Vercher, anunciaron que solicitarán penas de cárcel para quienes dañen los acuíferos de Doñana mediante extracción ilegal de agua.
"En los últimos años ha aumentado de forma preocupante el número de sentencias de conformidad. Junto a esto, el criterio del Fiscal de Sala respalda el uso prevalente del Derecho penal frente al Derecho administrativo para castigar las infracciones en un entorno tan sensible como el del coto de Doñana", expresaron.
Las Fiscalías también propondrán el uso de drones para detectar pozos ilegales, aprovechando su capacidad para identificar conducciones eléctricas. Además, buscarán información de los ayuntamientos sobre el cumplimiento de planes de prevención de incendios forestales, esenciales para proteger la masa forestal en meses previos al verano.
Fuente: infobae.com